El Museo Guggenheim de Bilbao va a dejar en la calle a 18 de sus trabajadores. El único delito que han cometido fue convocar una huelga para
intentar acabar con la precariedad en la que viven. El museo no se lo
ha perdonado y, si nada cambia en las próximas dos semanas, el próximo
30 de septiembre será su último día en el Guggenheim.
Los 18 del Guggenheim son educadores y orientadores encargados de las
visitas guiadas, talleres o programas escolares. Cobran por horas: una base salarial de 5,35 euros brutos la hora que
en el mejor de los casos puede alcanzar los 12,30 euros prorrateando
vacaciones y pluses. No cobran festivos ni nocturnidad, ni están
contratados en sus categorías profesionales correspondientes, denuncian
los trabajadores.
Según el propio Museo –que emplea a estos trabajadores
a través de una subcontrata de Manpower Group– ninguno de ellos tiene
una dedicación superior al 42% de la jornada anual. Hay casos de
educadores que trabajan de martes a domingo, mañana y tarde, y cuyos
sueldos rondan los 700 euros al mes. El salario medio se sitúa en unos
600 euros.
Los educadores reclamaban un salario digno y la garantía
de la subrogación de sus puestos de trabajo.
El museo adjudica el
contrato cada año y tenía previsto sacar el nuevo concurso, pero ha
preferido cortar por lo sano: no habrá concurso público y el Guggenheim
contratará a tres personas a jornada completa a través de una bolsa de
trabajo a la que no pueden acceder los actuales trabajadores.
Es decir, los 18 del Guggenheim, que convocaron una huelga, se van a la calle. Se quedan sin trabajo.
¿Y quién les va a dejar sin trabajo? ¿Quién gobierna el Guggenheim? Leo en la web del museo que
el Comité Ejecutivo es el órgano de gobierno encargado de la gestión y
administración de la Fundación del Guggenheim que dirige el museo.
Ese
Comité Ejecutivo está presidido por el diputado general de Bizkaia, Unai
Rementeria, y está compuesto por políticos del Gobierno vasco y de la
Diputación de Bizkaia, el alcalde de Bilbao, representantes de la
Fundación Museo Solomon Guggenheim, el presidente de la BBK, el director
general de la Fundación BBVA y el presidente de la Fundación Iberdrola.
El propio museo reconocía en un comunicado que la decisión había sido
consensuada con el Gobierno vasco, la Diputación de Bizkaia y el
Ayuntamiento de Bilbao.
Los 18 del Guggenheim –como
otros miles de trabajadores vascos– pertenecen a esa clase social
llamada el 'precariado'. Superpreparados, pero explotados.
Trabajadores
temporales con contratos parciales. Sin futuro y castigados por levantar
la voz. Lo que está ocurriendo en el Guggenheim es un aviso a
navegantes: caerán cabezas si os atrevéis a ensuciar con vuestras
protestas la brillante postal de titanio que hemos construido en
Euskadi.
Probablemente no sea casualidad que esta venganza llegue después de que
los trabajadores del Museo de Bellas Artes de Bilbao se lanzaran a la
huelga y consiguieran mejorar sus condiciones laborales.
La victoria del
Bellas Artes amenazaba con una revuelta en las instituciones culturales
del país.
El caso de los 18 del Guggenheim no es
aislado. Bajo la excusa de que los trabajadores pertenecen a una empresa
subcontratada, las instituciones públicas se han solido lavar las manos
sobre las condiciones laborales, la precariedad y los abusos que se
cometen bajo su paraguas.
Desde que empecé en el periodismo a finales de
los años 90 he escuchado siempre la misma letanía: "Lo sentimos mucho
pero legalmente nosotros no podemos hacer nada", dicen los gobernantes
que explotan a trabajadores por mediación de empresas subcontratadas.
Si las leyes no son justas y no permiten supuestamente a las
instituciones controlar mejor a las subcontratas, ¿por qué no se cambian
las leyes?
El resultado es beneficioso para todos.
Los gobernantes consiguen adjudicar obras y servicios a la baja, y se
vanaglorian de ello como si fueran capaces de gestionar mejor a
sabiendas de que la consecuencia es tener a gente machacada.
Y las subcontratas hacen negocio y, a veces, incluso se saltan la legalidad para ahondar todavía más en la precariedad y rozar la esclavitud laboral.
Y las subcontratas hacen negocio y, a veces, incluso se saltan la legalidad para ahondar todavía más en la precariedad y rozar la esclavitud laboral.
Todos salen beneficiados, salvo los trabajadores que se
encuentran en la base de esta pirámide de avaricia ética y económica.
El Guggenheim es un caso más, pero no es un caso cualquiera. Es la
imagen de la modernidad de este país en el que algunos llaman "altos
costes salariales" a intentar tener una vida digna.
El país de los
eufemismos que abrillantan las placas de titanio tras las que se
esconden miles de injusticias.
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